En el ámbito sexual, las relaciones incestuosas no nos conciernen: puede que nos repugnen o nos intriguen, incluso pueden suscitar cierta curiosidad morbosa, como les sucede a los cientos de personas que llegarán aquí buscando ‘incesto’ en el google.
Sin embargo, en el ámbito político las relaciones incestuosas sí nos conciernen. Pongamos por caso un pueblo o ciudad de este país elegido al azar. El Ayuntamiento decide recalificar unos terrenos para, “sirviendo al bien público y fomentando el crecimiento de la comunidad blablablá”, construir una o varias urbanizaciones con cincuenta o cien mil viviendas. El incesto político acontece cuando todos o parte de los terrenos recalificados son de la hermana del alcalde, del primo de un concejal o de la esposa de otro concejal. En virtud de esta relación incestuosa el bien público se convierte, al igual que les ocurre a los ciudadanos, en sujeto pasivo de la política y es, por tanto, sodomizado.
Si el primer tipo de incesto, el sexual, puede ser considerado como pecado por ciertas religiones, el segundo tipo de incesto, el político, no puede sino que es considerado delito por las leyes del Estado. No obstante, al igual que ciertas religiones hacen la vista gorda ante algunos pecados, ciertos Estados hacen la vista gorda ante algunos delitos que, en consecuencia, se ponen de moda y alientan a las familias a practicar el incesto político.
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